LA MINERÍA INFORMAL EN LOS PAÍSES AMAZÓNICOS
La extracción de minerales de manera ilegal se conoce de diferentes maneras a lo ancho y largo de los países de la cuenca amazónica.
Se la llama «minería artesanal» en Perú, o también «minería informal» en Colombia. Pero ninguno de los términos más comúnmente usados logra expresar las devastadoras dimensiones de esta práctica que va creciendo de manera acelerada en América del Sur.
Un análisis comparativo publicado por la ONG peruana, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), busca poner en contexto regional e histórico los impactos que la minería causa en gran parte de la Amazonía. Lo que encuentra en común entre todos los países de la región es que genera serios e irreparables daños ambientales en los ecosistemas, a la mano de daños sociales y humanos.
El estudio se enfocó en los casos de seis países y sus fronteras: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela. Existen menos datos aún sobre la situación en Surinam, Guyana y Guayana Francesa, otros países amazónicos donde también se practica la minería informal.
Todos los estados comparten dificultades al implementar políticas efectivas de monitoreo o cumplimiento de leyes que permitan incorporar a pequeños mineros informales dentro de un sistema legal. Cada país sufre de una gama de desafíos parecidos, pero aún no se han creado mecanismos de coordinación regional para abordar el problema.
«Una parte importante de las actividades de minería ilegal se ha consolidado sobre espacios con una limitada presencia del Estado, estando las áreas naturales protegidas entre las zonas más afectadas y amenazadas por la expansión de estas actividades», explica el documento. «Así, tenemos que 80 áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento ubicadas en estos países tienen presencia de minería ilegal en su interior, a las cuales se suman aquellas afectadas por la contaminación de los ríos que las atraviesan».
Otro estudio reciente a cargo de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) explica, sin embargo, que la destrucción de los bosques primarios ha bajado de manera significativa por toda la cuenca del Amazonas desde la década de los 2000, en contraste con lo que sucedió tres décadas antes.
Las cifras reflejan el esfuerzo de todos los países amazónicos en disminuir la destrucción de sus territorios, a excepción de uno: Venezuela. Es la única nación donde la deforestación va en aumento. Aunque su bosque deforestado no es tan grande, la tala ha aumentado de manera exponencial, principalmente debido a la minería ilegal.
En Perú se practica la minería ilegal desde principios de siglo. Más recientemente, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), muestra evidencia de que entre agosto de 2014 y julio de 2015 se deforestaron 725 hectáreas de La Pampa, ubicada en la región de Madre de Dios en el sur de la Amazonía peruana. El territorio destruído a causa de la minería ilegal de oro equivale a 1.000 campos de fútbol.
El coordinador de la Oficina Técnica del Ministerio del Ambiente en Madre de Dios, Humberto Cordero, dijo a BBC Mundo que calcula que existen alrededor de 25.000 personas vinculadas a la minería ilegal en esta zona.
Aunque los impactos de la minería ilegal en Perú se encuentran entre los más graves de la región, se espera que la reciente tipificación de la minería ilegal como un delito pasible de sanción penal ofrezca soluciones.
Colombia fue el primer modelo en el año 2000, cuando estableció «sanciones penales para la exploración o explotación de yacimientos mineros que no cuenten con los permisos correspondientes y que causen graves daños a los recursos naturales o al ambiente». Doce años después le siguió Perú con su Decreto Legislativo 1102, y en el 2013, Bolivia con la Ley 367.
Sin embargo, los autores del análisis de la SPDA ofrecen una serie de recomendaciones que van más allá del marco legal.
«La formalización minera no es un fin en sí mismo sino el medio para lograr una minería más sostenible que genere verdaderos beneficios» explican los autores del estudio. «Es importante entender esta premisa, de lo contrario se corre el riesgo de desnaturalizar sus objetivos, cayendo en la flexibilización de los requisitos para lograr un mayor universo de mineros formalizados, lo que se traduciría en una actividad igual de dañina pero con protección legal».
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