LA MINERÍA INFORMAL EN EL PERÚ
No pagan impuestos y contaminan el ambiente. El gobierno todavía no encuentra el camino correcto para formalizarlos. Una mirada a esta actividad desde Arequipa, una de las regiones en donde los informales superan los 60 mil. La formalización debe concluir en abril del próximo año y persisten las piedras en el camino.
Cada media hora sale un minibús. Los vehículos se estacionan en el centro de Camaná, uno de los balnearios de Arequipa, y recogen por lo menos 25 pasajeros que viajan a Secocha. En este pequeño centro minero viven diez mil mineros informales con sus respectivas familias. El campamento es legendario, sin embargo, su crecimiento casi cancerígeno estalló hace una década, cuando los precios del oro comenzaron a escalar. La informalidad minera en el país se ha acentuado en Piura, Arequipa, Ayacucho, Ica, Madre de Dios, Puno y la sierra de Lima.
Esta actividad no solo evade impuestos, también contamina el medio ambiente, los relaves son lanzados sin tratamiento a ríos, suelos, bosques, etc. En este gobierno se lanzó un marco legal para formalizar la actividad que comprendía cinco etapas. La primera corresponde a las Declaraciones de Compromiso, el deseo que manifiestan los mineros de regirse al amparo de la ley. Arequipa tiene 17 mil 360 inscritos en este padrón. El proceso se quedó en la inscripción. Faltan las más difíciles: por ejemplo, que los informales lleguen a acuerdos con los dueños de las concesiones. De igual forma, la declaración ambiental, la licencia de agua, etc.
Las estadísticas de la Gerencia Regional de Energía y Minas y la Autoridad Regional Ambiental de Arequipa, determinan que habría más de 60 mil mineros a pequeña escala y artesanales en la región. En todo el país la cifra sobrepasa los 300 mil.
Patricia Pinto, responsable del Proyecto Vigila Perú del Grupo Propuesta Ciudadana, señala que cientos de personas fueron empujadas a esta actividad por falta de oportunidades en el sistema formal. “El Estado se ha hecho de la vista gorda con el crecimiento de la informalidad. No hubo un adecuado control sobre áreas de concesiones, tampoco sobre las plantas procesadoras (que reprocesan el mineral explotado en las labores informales)”, precisa Pinto.
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